Miércoles , Mayo 22 de 2019

IA

Hacia una inteligencia fiscal para gobiernos

Autor: Staff High Tech Editores

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La analítica predictiva, IA y Machine Learning puede ayudar a la administración del presupuesto para destinarlo a necesidades prioritarias e impulsar el crecimiento

El Estudio de Evasión Fiscal Global 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), reveló que el fraude y abuso en materia fiscal en México ha generado pérdidas por $510 mil 92 millones de pesos, situación que la tecnología puede cambiar.

De acuerdo con SAS, las autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suelen ser más vulnerables al robo de identidad, la evasión fiscal, deducciones ficticias e incluso el incumplimiento de pago, debido a la incapacidad de sus sistemas informáticos legados de cruzar información con distintas bases de datos, identificar patrones de comportamiento o generar altos índices de “positivos falsos”.

Sin embargo, las recientes innovaciones tecnológicas pueden ayudar a los organismos encargados de administrar y distribuir los recursos pagados por los ciudadanos y empresas, a superar las actuales limitaciones, reducir las barreras y los costos de acceso a información relevante, oportuna y confiable.

En este sentido, la compañía destaca que al añadir componentes de analítica predictiva, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning a los sistemas informáticos, pueden facilitar a estos organismos el reconocimiento de evasores, defraudadores y grupos delictivos que buscan aprovechar las debilidades de los sistemas financieros gubernamentales.

Esta evolución hacia una inteligencia fiscal asegura que los gobiernos en todos sus niveles -federal, estatal y municipal- cuenten con mayores niveles de recaudación, para brindar no solo los servicios que sus ciudadanos esperan, sino también llevar a cabo proyectos de desarrollo económico y social.

Además, la inteligencia regulatoria también deja a los ciudadanos tener mucho más claro a qué iniciativas se destinan los impuestos que pagan, ya que les permite evaluar la mejora de los servicios públicos que les proporciona el estado, el fortalecimiento de la infraestructura crítica, una rendición de cuentas clara, y programas sociales más efectivos.

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